Detienen a integrante de radio comunitaria en Veracruz mediante proceso infundado y desproporcional

México D.F., a 17 de enero de 2011 (AMARC-MÉXICO).- El día de hoy, lunes 17 de enero, por medio de engaños la Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó una orden de aprehensión librada por la Jueza Decimosexta de Distrito en el Estado de Veracruz como parte de la causa penal 52/2009 en contra de José Maza, integrante de la radio comunitaria Radio Diversidad.

Con la detención se inicia el proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, consistente en usar, aprovechar y explotar un bien propiedad de la Nación sin el permiso o concesión del Estado. A fin de enfrentar el proceso en libertad, José Maza deberá presentar una caución de veintidós mil pesos mexicanos (aproximadamente dos mil dólares).

Como parte del mismo proceso penal, la Radio Diversidad fue cerrada el 11 de marzo de 2009 mediante un operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) respondiendo a una orden de cateo librada por un juez penal federal. De acuerdo con el expediente, la denuncia inicial fue interpuesta por la Unidad Jurídica de la Secretaría de Gobernación (Segob) en enero de 2009.

Otros integrantes de la radio comunitaria, Juan José Hernández y Paola Ochoa, continúan enfrentando un proceso penal en su contra como parte de la misma acusación, la cual será debidamente impugnada en su momento por parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC México).

La radio comunitaria Diversidad se encuentra ubicada en el municipio de Paso del Macho, Veracruz. Fue fundada por jóvenes con el fin de constituirse en un espacio de desarrollo.

Este caso se suma al de otras radios comunitarias que han sufrido persecuciones penales similares. La persistencia por parte de las autoridades en la utilización de la legislación penal, en lugar de la administrativa –pena proporcional para cumplir el objeto de la ley, que es recuperar la frecuencia de radio-, constituye la continuidad de una política persecutoria y de criminalización en contra de las radios comunitarias.

La persecución penal en contra de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía excesiva, desproporcionada e innecesaria, sobre todo cuando estas radios han demostrado su voluntad de legalidad y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso.

Cabe recordar que los organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos han dicho que la vía penal sólo debe emplearse para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. El derecho penal es la última razón y por tanto su aplicación debe ser subsidiaria, es decir deben privilegiarse otras vías, de no ser así su empleo resulta abusivo y criminalizante.

Por tanto, AMARC México hace un llamado al Estado mexicano a fin de que cese estos procesos de persecución penal e implemente acciones que posibiliten a las comunidades ejercer su derecho a la libertad de expresión por medio de la radiodifusión comunitaria.

Filtraciones de la PGR ponen en Riesgo a Ricardo Ravelo y el resto de colaboradores de Proceso

México D.F., 3 de diciembre de 2010 (ARTICLE19).-La reciente controversia generada a partir de la filtración de la averiguación previa de la Procuraduría General de la República que contiene la declaración de Sergio Villareal, presenta la oportunidad de continuar avanzando en la reflexión colectiva sobre el tipo y calidad de información que las audiencias requieren. En este contexto, ARTICLE 19 aprovecha para plantear a la sociedad mexicana los siguientes elementos para la su reflexión.

La difusión de los dichos de Sergio Villareal que implican a la Revista Proceso y a su colaborador, el periodista Ricardo Ravelo, carece de todo sustento probatorio y, al mismo tiempo, viola los derechos de presunción de inocencia y debido proceso al promover un juicio mediático, lo cual expone a un serio riesgo la integridad física del comunicador y el resto de colaboradores del semanario.

La protección de los medios de comunicación y voces críticas o disidentes resulta esencial para cualquier democracia por lo que promover su estigmatización a través de juicios mediáticos contraviene los principios que la sustenta. En un contexto de violencia, el ejercicio de un periodismo crítico e independiente resulta crucial para la rendición de cuentas y construcción de una cultura de paz.

La libertad de prensa se debe de ejercer respetando derechos fundamentales, principios legales nacionales e internacionales que deben de atender todos los medios de comunicación al momento de difundir información. La validez informativa debe de salvaguardar la integridad física y dignidad de las personas involucradas y no promover agendas políticas de grupos específicos incluyendo a las autoridades.

ARTICLE 19 no busca hacer un juicio sobre la calidad periodística de los medios de comunicación y periodistas involucrados en la actual controversia, sino señalar los efectos que esta tiene en el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos humanos. Las audiencias, como beneficiarias y destinatarias últimas del flujo de información, deben alzar la voz para exigir a sus comunicadores, el tipo de información que requieren.

ARTICLE 19 rechaza de manera enérgica la promoción de juicios mediáticos y la estigmatización de medios de comunicación y periodistas críticos e incómodos. En este sentido, exigimos que el Estado mexicano adopte medidas inmediatas para proteger la integridad física de Ricardo Ravelo y el resto de los y las colaboradoras del semanario.

Al mismo tiempo, exigimos que el Estado mexicano se abstenga de interferir en el libre flujo de ideas, información y opiniones a través de la filtración selectiva de información. De manera particular, hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República a establecer una política de comunicación acorde con los principios de legalidad, transparencia y apertura propios de un régimen democrático.

La filtración de información o documentos como una política de comunicación es incompatible con los principios democráticos, ya que contraviene los principios de transparencia, máxima publicidad y difusión proactiva de información.

La Delegación Benito Juárez se suma al compromiso con la Libertad de Expresión

* Las delegaciones que se han adherido a dicho documento son: Miguel Hidalgo, encabezada por Demetrio Sodi; Higinio Chávez por Tlalpan; Iztacalco, representada por Francisco Sánchez Cervantes y ahora Mario Alberto Palacios hace lo propio por Benito Juárez

México, D. F., a 2 de Diciembre de 2010.-Convencido de que la libre expresión de las ideas es un derecho humano fundamental, el Jefe Delegacional de Benito Juárez, Mario Palacios Acosta signó el Compromiso con la Libertad de Expresión, documento promovido por la Fundalex. En la ceremonia que se llevó a cabo esta tarde, el delegado hizo hincapié en la importancia de este derecho y calificó de trascendente la libre expresión de las ideas.

"Nos comprometemos plenamente con la Fundación para la Libertad de Expresión, ya que estamos conscientes de la trascendencia que tiene comunicar y poder transmitir a los ciudadanos la labor de la esencia desde la cual se defienden todas las libertades… la libertad expresión".

En representación de Armando Prida Huerta, presidente de la Fundalex, Pilar Cano, Directora Ejecutiva de la Fundación leyó el documento y preguntó al delegado si reafirmaba la trascendencia de la libertad de expresión para crear sociedades más libres, justas, plurales, democráticas y respetuosas.

“Iniciamos muy bien el último mes de este año… lo iniciamos con el pie derecho y con una voluntad clara de coadyuvar con la Fundalex para fortalecer este derecho", respondió Palacios Acosta.

A la vez, señaló que la delegación a su cargo ha alcanzado logros importantes en materia de transparencia: "La Delegación Benito Juárez tiene la calificación de 100 en cuanto al portal de transparencia y la calificación de 97 en cuanto a atención de solicitudes en tiempo y forma, lo cual nos ubica en los primeros lugares de transparencia y acceso a la información", mencionó.

El delegado se comprometió a que una de las acciones futuras de la delegación será la impartición de los cursos para que los 152 funcionarios que integran la delegación, para con ello conseguir la certificación de los mismos en materia de transparencia y con ello fortalecer el acuerdo firmado esta tarde con la Fundalex.

Por su parte, Pilar Cano señaló que pese a que hoy en México la libertad de expresión es un derecho humano seriamente amenazado y reprimido, la Fundalex no bajará la guardia, por el contrario, redoblará esfuerzos para que tanto los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad en general puedan desenvolverse con plena libertad.

También, felicitó el actuar de la demarcación Juarense y en especial al delegado Mario Palacios, ya que de esa manera podrán ser el “vivo ejemplo para que más demarcaciones se sumen a esa acción".

Por último, Cano hizo un llamado a todos los actores políticos del país para que se adhieran al Compromiso con la Libertad de Expresión. "Esto permitirá que trabajemos juntos para la construcción de un país más fuerte y unido, finalizó.

'Calderón reimpulsará la federalización de delitos contra la prensa'

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2010 (CPJ).- Luego de considerar al derecho a libre expresión una prioridad en la agenda de su gobierno, el Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró hoy que reimpulsará la legislación que haría delitos federales a los ataques contra periodistas.

En una extensa reunión con una delegación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Presidente también afirmó que las autoridades federales pronto implementarán un programa, que sigue un modelo utilizado con éxito en Colombia, para proporcionar protección a periodistas en riesgo.

“Rechazamos categóricamente cualquier ataque contra periodistas porque es un ataque directo contra la democracia misma”, indicó Calderón. “Me duele saber que México es visto como uno de los países más peligrosos para ejercer esa profesión”, agregó.

El presidente prometió seguir trabajando para que se apruebe legislación federal que convertiría en crímenes federales a los ataques contra la libertad de expresión. En 2008, el presidente propuso una enmienda constitucional que incluía la federalización de los delitos contra la prensa, entre otras cosas, pero la medida se estancó en el Congreso.
Calderón además anunció el arresto de un sospecho por el asesinato del reconocido periodista Armando Rodríguez Carreón, ocurrido en 2008 en Ciudad Juárez, un hecho que horrorizó a toda la prensa en México.
“El Presidente Calderón mostró su más profundo compromiso con los temas de libertad de prensa al participar de una reunión durante una hora y media con nuestra delegación para discutir abiertamente los desafíos y reclamos de una respuesta oportuna a estos problemas”, aseguró Joel Simon, director ejecutivo del CPJ. “Estamos comprometidos a poner todo de nuestra parte para asegurarnos que los periodistas mexicanos podrán trabajar libremente y en condiciones de seguridad de cara a este peligroso escenario”.
El vicepresidente de la SIP Gonzalo Marroquí agregó: “Venimos a México con la intención de expresar nuestra solidaridad al gobierno, a los mexicanos y a los periodistas y medios de este país, para que se construya un frente común contra el flagelo de la violencia y proteger así el derecho fundamental de cada ciudadano a saber”.
Los crímenes relacionados con el narcotráfico, la violencia y la corrupción han devastado a la prensa de México, y han afectado seriamente los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y acceso a la información, determinó un informe especial del CPJ el 8 de septiembre, titulado Silencio o muerte en la prensa mexicana. Más de 30 periodistas han sido asesinados o han desaparecido en México en los últimos cuatro años, según una investigación del CPJ, un número que lo equipara a países afectados por conflictos armados, como Irak y Somalia. Estos crímenes están sin resolver casi en su totalidad, un problema que no sólo tiene lugar por negligencia e incompetencia, sino también por la corrupción arraigada en los organismos de investigación y las fuerzas de seguridad, especialmente a nivel local y estatal, según investigaciones del CPJ.
El CPJ y la SIP han apoyado desde hace mucho tiempo la intervención directa de autoridades federales para abordar esta crisis. En su informe, el CPJ instó al Congreso y al presidente a adoptar reformas integrales que hagan delitos federales a los crímenes contra la libre expresión, a asignar a las autoridades federales la potestad de investigar y enjuiciar a los responsables de estos crímenes, y a establecer un sistema de responsabilidad por estas políticas a los niveles más altos del gobierno nacional.
En la reunión de hoy, en la residencia presidencial de Los Pinos, también participaron el Procurador General de la República Chávez y el Ministro del Interior, José Francisco Blake. La delegación del CPJ estuvo integrada por Simon, María Teresa Ronderos, integrante de la Junta Directiva, Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas, y Mike O’Connor, consultor en México. La delegación de la SIP estuvo compuesta por Marroquín, además del director ejecutivo, Julio Muñoz, y del director del Instituto de Prensa, Ricardo Trotti.

Boletín publicado por CPJ el 22 de septiembre de 2010.

'Presentan Relatorías de Libertad de Expresión ONU y OEA informe preliminar sobre su visita oficial conjunta'

México D.F., 26 de agosto de 2010 (ARTICLE 19).- Las Relatorías de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos culminaron su visita oficial e hicieron una serie de señalamientos al Estado mexicano sobre la situación que guarda la libertad de expresión en México.

Después de dos semanas de visita oficial en México, durante las cuales sostuvieron una serie de reuniones con autoridades, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, familiares de periodistas asesinados e integrantes de la comunidad internacional radicada en México, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dra. Catalina Botero y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión de Dr. Frank La Rue, el día de ayer entregaron un informe preliminar.

Ambas Relatorías destacaron los asesinatos y actos de violencia contra periodistas; la impunidad generalizada en los casos; la vigencia de legislación que criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión tanto a nivel federal como en un número importante de estados; la falta de pluralidad de medios; la falta de regulación de la publicidad oficial; y la emergente tendencia a restringir el derecho de acceso a la información pública.

También hicieron énfasis en las obligaciones del Estado como la de no sólo garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino también de su obligación de investigar, juzgar y, en su caso sancionar a los autores de dicha violencia, aun cuando las personas responsables no sean agentes estatales. Además de su obligación de prevenir, proteger y, en su caso, sancionar este tipo de hechos.

En su informe preliminar instaron al Estado mexicano a que adopte una política integral de prevención, protección, y procuración de justicia. Específicamente para implementar el mecanismo de protección a periodistas de manera urgente.

ARTICLE 19 exhorta a que se cumplan las recomendaciones que emanan del informe preliminar de las Relatorías de Libertad de Expresión de la OEA y ONU en materia de libertad de expresión de las que ha sido objeto el Estado mexicano para así cumplir con sus obligaciones internacionales en derechos humanos.

Agresiones directas a la libertad de expresión

México D.F., 5 de enero de 2009 (Cencos).- México destaca a nivel mundial desde hace varios años por aparecer en los primeros lugares de zonas de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, a pesar de ser considerado un país democrático. Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación no sólo violan derechos individuales sino que atentan contra el derecho de una sociedad a estar informada de manera veraz, oportuna, objetiva, diversa y clara.

Lamentablemente, en 2009 las cifras de agresiones a la libertad de expresión no han descendido. Diez periodistas han sido asesinados y otra más permanece desaparecida (de 2000 a la fecha se han registrado 9 desapariciones, siendo la última desaparición, la primera de una mujer). Amenazas y diferentes formas de intimidación condicionan la labor periodística y la autocensura se instala como parte del trabajo cotidiano, especialmente en aquellos estados donde son patentes la presencia del crimen organ! izado y sus posibles vínculos con las estructuras de gobierno. Las instalaciones de los medios son objeto de atentados. Las corporaciones policiales y los miembros del ejército intimidan, agreden y detienen a reporteros y reporteras que cubren sus operativos.

En el ámbito local, los voceadores son agredidos y sus ediciones confiscadas por difundir contenidos que cuestionan las prácticas de funcionarios públicos. La concesión de publicidad oficial es utilizada como medio de presión en contra de los medios que mantienen líneas editoriales más independientes. Además, los aparatos de justicia se utilizan para perseguir a periodistas y a comunicadores y comunicadoras de radios comunitarias.

Brisa Maya Solís, Directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), destaca que la postura del gobierno ha sido la de vincular las agresiones a periodistas con el crimen organizado en el contexto de violencia que actualmente se vive por la llamada “guerra contra el narco” emprendida desde inicios del sexenio por el gobierno federal, pero en las investigaciones que Cencos realiza conjuntamente con Article19 se observa que estas agresiones se relacionan a la impunidad y a los vínculos entre autoridades en resguardo de sus propios intereses.

En la amplia forma de agresiones a la libertad de expresión en México, también destacan las agresiones en contra de las radios comunitarias, que además no cuentan con una ley que permita su reconocimiento jurídico pleno, dejando un vacío al no generar las condiciones para la legislación sobre las mismas, y sobre lo cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a no criminalizar su labor.

Las recomendaciones de organismos internacionales han generado nuevos compromisos para el estado mexicano en 2009, como las ocho recomendaciones en materia de libertad de expresión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya visita oficial está pendiente desde junio de 2007, ha emitido diferentes comunicados instando a investigar y sancionar a los responsables de las graves agresiones que se han dado este año. En el plano nacional, la CNDH ha realizado diversas recomendaciones: u! na general que trata el tema de la impunidad que prevalece en los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación y otras más específicas sobre la necesidad de regular la publicidad oficial y de frenar los acosos judiciales como una forma indirecta de coartar la libertad de expresión.

Ante todo esto, la respuesta del estado mexicano ha sido insuficiente y adolece de falta de voluntad política para detener este problema. Darío Ramírez, Director de la Oficina de México y Centroamerica de Article19 sostiene: “Seguimos contando víctimas. Seguimos recibiendo un mensaje de indolencia por parte de las autoridades encargadas de procurar y administrar la justicia. Seguimos viendo cómo la impunidad alimenta e incita futuros actos de violencia. Seguimos preocupados por simular un México democrático que no existe. Porque en toda democracia, ejercer la libertad de prensa en un contexto de seguridad es un elemento indispensable.”

El balance del año 2009 es negativo. Sobre la mesa permanecen una serie de pendientes a los que el estado no ha dado la atención adecuada, tanto en materia de legislación, de políticas públicas y de lucha contra la impunidad. Pero, ante todo, está la necesidad urgente de generar mecanismos para proteger el desempeño periodístico y la libertad de expresión, en los que deben participar el gobierno, los y las pe! riodistas, las empresas de comunicación y la sociedad civil.

Centro Nacional de Comunicación Social

2009, año negro para la prensa en México

México D.F., 5 de enero de 2010 (Dario Ramírez / El Universal).- ¿Qué tienen en común Somalia y México? Que ambos países disputan los primeros lugares en asesinato a periodistas en el mundo. Somalia, país africano que ha vivido una sangrienta guerra civil por más de 15 años. México, democracia en transición con un sistema de justicia colapsado.

El año que terminó, 2009, ha sido letal para el periodismo en México. Hoy contamos 9. Durante este año se engrosó la lamentable lista de comunicadores desaparecidos, que llegó a 9. El año termina como uno de los peores en la historia del periodismo en nuestro país. Las respuestas a dichos asesinatos siguen lejanas. Este año pasa sin soluciones. Pasa con silencio de aquellas autoridades encargadas de solucionar los problemas más serios de nuestro país. Pasa contando más periodistas caídos. El año pasó y las autoridades responsables (Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación resultó incapaz de concretar políticas internas que favorezcan la libertad de expresión, la Secretaría de Relaciones Exteriores ofreció “voluntad y explicaciones” pero pasó un año más y los relatores de la OEA y ONU siguieron sin visitar nuestro país de manera oficial. El dicho de que la invitaci! ón a ambos relatores es abierta y continua cae por su propio peso y se vuelve una frase vacía más del gobierno mexicano a la comunidad internacional). El año finaliza con un evidente desdén y carencia de voluntad política del gobierno federal y de los ejecutivos locales de Durango, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. El año terminó y las autoridades podrán seguir vociferando su compromiso, pero la realidad es fría e indica que su trabajo no lo hicieron bien. Hay nueve periodistas caídos que se los recordarán.

El 2009 terminó con la incómoda lectura del informe anual de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP). Con una destreza inaudita para hacer alquimia con las cifras el informe logró no decir nada. Logró, una vez más, hacer evidente que la Fiscalía es inútil. Su informe señala con nítida claridad que más que una instancia para procurar justicia, la Fiscalía se ha convertido en una oficialía de partes. Porque aunque el informe intente afirmar lo contrario, la realidad contradice a la PGR y señala que no se han investigado los casos de periodistas abatidos. Su nulidad es conocida por periodistas en todo el país. Aquellas personas que se han acercado a ella han sufrido en carne propia su incapacidad. Hoy es claro que la Fiscalía carece de legitimidad y confianza de las personas que debería de proteger. La lectura posterior del informe logró, con un desmedido esmero, dejar claro que lo ! mejor que podría pasar a los contribuyentes que mantenemos la Fiscalía es que sufra una severa reforma para atender el problema por el que fue creada.

El año deja un sinfín de tareas pendientes para fortalecer la libertad de prensa en México. Si nuestro deseo es que nuestra prensa se fortalezca, si lo que queremos es no competir con Somalia, la agenda del año 2010 deberá estar enmarcada en crear una nueva instancia especializada con un marco jurídico adecuado para la investigación de los delitos contra quienes ejercen la actividad periodística; una vez que tengamos una instancia federal capaz es necesario que se dé de manera pronta la aprobación de una ley que federalice los crímenes contra la libertad de expresión. De manera especial se deben de redoblar esfuerzos para trabajar en la discusión y posterior instalación de un programa de prevención contra agresiones a periodistas. Si funciona, dicha política de prevención será lo único que haría disminuir las agresiones a periodistas.

El 2009 lo recordaremos como año negro para la prensa, un año en el que el silencio e inacción provocó la muerte de colegas periodistas. Un año en el que la voluntad de los políticos no fue solucionar el problema, sino enterrarlo o hacerlo de lado. Sólo queda trabajar para que el siguiente año los nubarrones de la violencia contra la prensa se disipen y el horizonte sea más claros para todos y todas.

Director de Artículo 19 para México y Centroamérica

Condena la CNDH nuevas agresiones contra periodistas

México D.F., 5 de enero de 2006 (CNDH).- Cada vez son más los informadores víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados y desapariciones forzadas, señaló el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En relación con el caso de José Luis Romero, reportero del noticiario radiofónico Línea Directa, en Los Mochis, Sinaloa, reportado como “levantado” y desaparecido desde el pasado 30 de diciembre, subrayó que México se ha convertido en país de alto riesgo para el trabajo periodístico.

También citó el caso de José Luis Ruiz, camarógrafo de Televisión Azteca, quien fue agredido en Teotihuacán, Estado de México, cuando cubría un conflicto laboral.

A las autoridades de los tres niveles de gobierno, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos les demandó eficiencia en defensa y protección de quienes ejercen el periodismo.

Resulta muy lamentable que las agresiones a los periodistas queden sin castigo; hace falta eficacia a las investigaciones para dar con los responsables y no prevalezca la impunidad, sostuvo Raúl Plascencia Villanueva.

En cuanto a los casos de los reporteros agraviados, informó que la CNDH abrió expedientes de queja y recaba elementos para resolver sobre la presunta violación a su libertad de expresión.

Destacó que el compromiso de la CNDH respecto de la libertad de expresión es investigar los casos de su competencia, denunciar lo que ocurre y demandar de las autoridades el cumplimiento de su responsabilidad.

Con el caso de José Luis Romero el número de periodistas desaparecidos se eleva a 9 del año 2000 a la fecha, en tanto que el número de homicidios de periodistas es de 57 y 7 son las instalaciones de medios de comunicación que han sufrido atentados con explosivos.

La CNDH dará seguimiento a la evolución de los hechos y, en su momento, emitirá las resoluciones que conforme a derecho correspondan.

'Periodismo sin discriminación: reto del siglo xxi'

Lucía Lagunes Huerta*

Los últimos 20 años las sociedades han vivido cambios fundamentales en el reconocimiento de los derechos humanos; uno de ellos es el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Pese a estos logros, el periodismo del siglo XX poco se ha sumado a este avance, quedando rezagado del avance histórico de las mujeres. En el inicio del nuevo siglo, el periodismo tiene frente a sí el reto de reconstruirse desde una mirada incluyente y no discriminatoria, donde se reconozca y se refleje que la humanidad está conformada por mujeres y hombres.

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'Prensa y poder político en México: Una historia incómoda'

Jacinto Rodríguez Munguía*

Sin restarle la más mínima importancia al papel de un poder político que por naturaleza busca el control de todos los grupos sociales, entre ellos el de la prensa, en el caso de México el discurso de los medios como víctimas ha sido uno de los grandes mitos construidos desde ellos mismos para esconder otras verdades y donde prensa y poder político, permanentemente, se legitiman. En los momentos más críticos y de conflictos sociales en nuestro país, en los que los medios de comunicación han tenido que tomar decisiones sobre su papel y su responsabilidad, una parte importante de éstos ha terminado por compartir con el poder político una misma historia: la de los vencedores.

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Regulación del derecho de réplica en México

Patrick Chapatte

Agustín Pineda

Dentro de los pendientes que dejó la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión está la expedición de la ley que reglamente el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la porción normativa que a la letra dice: “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la Ley”. Pese a que varios legisladores han impulsado proyectos concretos, ninguno ha trascendido el estatus de un anteproyecto de dictamen. Resulta uno de los pendientes más significativos, porque de esa forma se garantiza el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, así como el del derecho a la información, especialmente para quienes no poseen medios de comunicación o espacios en ellos.

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