IV informe de gobierno y alumnos con discapacidad

 

Isabel Rojas Meléndez

A cuatro años de que la actual administración asumiera el compromiso de garantizar una educación inclusiva y equitativa para todos y promover la igualdad de oportunidades, los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), única oferta educativa pública a nivel medio superior, no han visto en cuatro años la creación de nuevo centro, han padecido una reducción sin precedente en la asignación de presupuesto, un fideicomiso desmantelado, detenidas más de 40 mil solicitudes de exámenes  en 18 meses por la crisis sanitaria, falta de estrategias para dar continuidad a las evaluaciones, el retraso en la aprobación y certificación de alumnos, interminables reclamos por la planta docente debido a las condiciones laborales irregulares y el retraso en el pago de su salario.

Desde antes de la llegada del Covid-19 a México, la educación para personas con discapacidad era uno de los temas pendientes del gobierno ante los altos índices de abandono escolar y el bajo porcentaje de acceso a la educación para este sector vulnerable. En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI, existen 8 millones de personas con discapacidad; según la medición de pobreza desarrollada por Coneval en 2020, 45 de cada 100 personas con discapacidad tienen algún grado de rezago educativo.

Luego de 4 años de la actual administración, el panorama es desolador. No se ha ampliado la cobertura en los planteles federales de educación media superior para las y los estudiantes con discapacidad, la situación es aún peor. Según el IV Informe de Gobierno, hubo una reducción de estos centros. Es así que en 2022 operaron 288 de los 291 con los que se había trabajado en administraciones anteriores a este gobierno, pese a que de septiembre de 2021 a junio de 2022 se inscribieron a esta oferta educativa más 2 mil 272 personas con discapacidad, según cifras del último informe de gobierno.

Al respecto, la diputada Norma Aceves aseguró que los 288 centros educativos con los que actualmente opera CAED, resultan insuficientes para cubrir la demanda de este sector vulnerable, y aseguró que siempre se han visto afectados los derechos de las personas con discapacidad, lo cual se ve reflejado en los servicios que ofrecen estos centros.