Agresiones directas a la libertad de expresión

México D.F., 5 de enero de 2009 (Cencos).- México destaca a nivel mundial desde hace varios años por aparecer en los primeros lugares de zonas de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, a pesar de ser considerado un país democrático. Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación no sólo violan derechos individuales sino que atentan contra el derecho de una sociedad a estar informada de manera veraz, oportuna, objetiva, diversa y clara.

Lamentablemente, en 2009 las cifras de agresiones a la libertad de expresión no han descendido. Diez periodistas han sido asesinados y otra más permanece desaparecida (de 2000 a la fecha se han registrado 9 desapariciones, siendo la última desaparición, la primera de una mujer). Amenazas y diferentes formas de intimidación condicionan la labor periodística y la autocensura se instala como parte del trabajo cotidiano, especialmente en aquellos estados donde son patentes la presencia del crimen organ! izado y sus posibles vínculos con las estructuras de gobierno. Las instalaciones de los medios son objeto de atentados. Las corporaciones policiales y los miembros del ejército intimidan, agreden y detienen a reporteros y reporteras que cubren sus operativos.

En el ámbito local, los voceadores son agredidos y sus ediciones confiscadas por difundir contenidos que cuestionan las prácticas de funcionarios públicos. La concesión de publicidad oficial es utilizada como medio de presión en contra de los medios que mantienen líneas editoriales más independientes. Además, los aparatos de justicia se utilizan para perseguir a periodistas y a comunicadores y comunicadoras de radios comunitarias.

Brisa Maya Solís, Directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), destaca que la postura del gobierno ha sido la de vincular las agresiones a periodistas con el crimen organizado en el contexto de violencia que actualmente se vive por la llamada “guerra contra el narco” emprendida desde inicios del sexenio por el gobierno federal, pero en las investigaciones que Cencos realiza conjuntamente con Article19 se observa que estas agresiones se relacionan a la impunidad y a los vínculos entre autoridades en resguardo de sus propios intereses.

En la amplia forma de agresiones a la libertad de expresión en México, también destacan las agresiones en contra de las radios comunitarias, que además no cuentan con una ley que permita su reconocimiento jurídico pleno, dejando un vacío al no generar las condiciones para la legislación sobre las mismas, y sobre lo cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a no criminalizar su labor.

Las recomendaciones de organismos internacionales han generado nuevos compromisos para el estado mexicano en 2009, como las ocho recomendaciones en materia de libertad de expresión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya visita oficial está pendiente desde junio de 2007, ha emitido diferentes comunicados instando a investigar y sancionar a los responsables de las graves agresiones que se han dado este año. En el plano nacional, la CNDH ha realizado diversas recomendaciones: u! na general que trata el tema de la impunidad que prevalece en los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación y otras más específicas sobre la necesidad de regular la publicidad oficial y de frenar los acosos judiciales como una forma indirecta de coartar la libertad de expresión.

Ante todo esto, la respuesta del estado mexicano ha sido insuficiente y adolece de falta de voluntad política para detener este problema. Darío Ramírez, Director de la Oficina de México y Centroamerica de Article19 sostiene: “Seguimos contando víctimas. Seguimos recibiendo un mensaje de indolencia por parte de las autoridades encargadas de procurar y administrar la justicia. Seguimos viendo cómo la impunidad alimenta e incita futuros actos de violencia. Seguimos preocupados por simular un México democrático que no existe. Porque en toda democracia, ejercer la libertad de prensa en un contexto de seguridad es un elemento indispensable.”

El balance del año 2009 es negativo. Sobre la mesa permanecen una serie de pendientes a los que el estado no ha dado la atención adecuada, tanto en materia de legislación, de políticas públicas y de lucha contra la impunidad. Pero, ante todo, está la necesidad urgente de generar mecanismos para proteger el desempeño periodístico y la libertad de expresión, en los que deben participar el gobierno, los y las pe! riodistas, las empresas de comunicación y la sociedad civil.

Centro Nacional de Comunicación Social