Un periodista menos, una infamia más

México D.F., 15 de enero de 2010 .- El 8 de enero los medios de comunicación dieron a conocer que un día antes, Valentín Valdés Espinosa, reportero del periódico Zócalo Saltillo, fue secuestrado y asesinado por un grupo de hombres armados. El cuerpo de Valentín presentaba huellas de tortura además de cinco impactos de bala de grueso calibre, la policía encontró además un cartulina con un mensaje: “esto les va a pasar a los que no entiendan el mensaje es para todos” (Sic). Reportero entusiasta, profesional y dedicado a su trabajo desde que era estudiante. Alumno ejemplar de la Universidad Autónoma de Coahuila lo cual le valió ser invitado a fundar el periódico Zócalo. Fuentes consultadas en el interior del gremio periodístico de la capital del estado opinan que la amenaza iba dirigida no sólo al equipo de reporteros y reporteras que constituyen al periódico Zócalo Saltillo, sino también al resto de la comunidad de periodistas de la región. El temor y la falta de seguridad obligaron a sus compañeros a cuestionarse el asistir al funeral de Valentín e inclusive de trabajar al día siguiente por temor a represalias. No es la primera vez que se identifica la percepción de amenaza generalizada entre periodistas después de un caso semejante, pero es la primera ocasión en que existe evidencia de ello. El optimismo de que el 2010 será un mejor año para el periodismo se desvaneció en los primeros días del año. Otro periodista ha caído a manos de quienes intentan imponer el silencio. La lista de periodistas de Coahuila asesinados o que permanecen desaparecidos continúa creciendo a través de los años. El grupo Zócalo, propietario de varios periódicos locales y una estación de radio, lo ha vivido en carne propia. Rafael Ortiz Martínez, reportero también del periódico Zócalo, pero de Monclova, permanece desparecido desde 2006. Recientemente, el periódico Zócalo Saltillo había estado dando cobertura a una serie de operativos en varios puntos de la ciudad que tuvieron lugar el 29 de diciembre y el 5 de enero. Fue el único medio de comunicación que decidió publicar información de fuentes distintas a la oficial tratando de ofrecer detalles a sus lectores. Las notas fueron publicadas bajo la firma de “la Redacción”, siendo ésta la única herramienta disponible —en muchos casos— para quienes buscan evitar la autocensura. Sin embargo, los perpetradores sabían bien que Valentín era el objetivo; otro colega que cubría temas afines de seguridad, aunque de manera esporádica, fue golpeado severamente. Por fortuna está con vida. A pesar de los intentos del gobierno de Coahuila de culpar al gobierno federal del secuestro y homicidio de Valentín, queda claro que fue el Estado mexicano en su conjunto el que falló. Ambos órdenes de gobierno tienen una responsabilidad ineludible al no lograr instrumentar una política de prevención que logre contener lo que ha sido señalado, tanto por organizaciones mexicanas de la sociedad civil como por la comunidad internacional, como un patrón de violencia generalizado en contra de quienes ejercen la libertad de prensa. Desahogar el homicidio de Valentín con una frase demoledora: fue el crimen organizado, denota una descalificación a priori por parte de las autoridades. La comunidad periodística necesita saber, a través de una diligente investigación, los motivos de tan artero hec ho de censura. Es el derecho de los familiares y amigos conocer los motivos y ver a los responsables enfrentar la justicia. Ojalá me equivoque, pero la evidencia empírica señala que el caso de Valentín —junto a los otros casos de periodistas asesinados y desaparecidos— quedará atorado en los anaqueles de la impunidad. Una muestra más de lo lejano que está la sociedad de tener acceso a la justicia en este país. Hasta cuándo en la sociedad tendremos certeza de quién y por qué están asesinando a periodistas. Hasta cuando las autoridades de los distintos órdenes de gobierno investigarán los casos, darán la certeza jurídica y erradicarán la impunidad. Son las autoridades las que tienen la obligación de investigar. Son ellas las que tienen que corroborar si los homicidios de periodistas ocurrieron por su ejercicio de la libertad de expresión. Mientras eso ocurre, no debemos ni podemos pensar en otra razón. Al mismo tiempo, y en contraste, en Brasil se promulga Ley nº 18468/2009, la cual asegura la indemnización a los familiares del periodista Manoel Leal de Oliveira, asesinado el 14 de enero de 1998 en Itabuna, Bahía. Una respuesta de Estado ejemplar. Una respuesta que las autoridades mexicanas tendrían que replicar. No podemos claudicar ante esta exigencia. Director de Artículo 19 para México y Centroamérica